ATENTÓ CONTRA LA DEMOCRACIA, CAYÓ Y ESTÁ DETENIDO EL PRESIDENTE DE PERÚ

Autogolpe a semejanza del de Alberto Fujimori culmina en final trágico para Pedro Castillo como mandatario que nunca estuvo a la altura del cargo, relata redactor de Deutsche Welle (DW) –televisora internacional alemana por satélite–, y ex-corresponsal en Ámerica Latina de la agencia teutona de noticias DPA –Deutsche Presse-Agentur, por sus siglas–, Isaac Risco

Este miércoles acabó detenido en el cuartel Los Cibeles –ubicado en el distrito peruano del Rímac–, luego de que lo estuviera en la Prefectura de Lima, el presidente Pedro Castillo, al poner fin a su gestión de las peores formas posibles, luego de que violara la Constitución que juró cumplir al asumir el cargo y ordenara el cierre de un Congreso elegido de forma democrática.

Protagonista de uno de los gobiernos más desastrosos de la historia peruana, Castillo le dio a sus críticos, finalmente, los argumentos que necesitaban para forzar su salida del poder.

Tras el anuncio de Castillo de cerrar el Congreso, el Legislativo contragolpeó con una precipitada votación que sentenció la destitución del presidente, justificada en medio del caos y la locura en que se ha convertido la política peruana en los últimos tiempos.

Pedro Castillo, una franca amenaza para la frágil democracia del país, fue sustituido por Dina Boluarte.

Tras jurar al cargo como presidenta, la primera mujer de la historia de Perú en ocupar esa distinción se reunió con los representantes de distintas instituciones de la nación, incluida la Iglesia católica, para insistir en que es el momento de «trabajar en unidad» para cerrar las brechas y desarrollar el país

De acuerdo con Isaac Risco, redactor de Deutsche Welle (DW) –televisora internacional alemana por satélite–, y ex-corresponsal en Ámerica Latina de la agencia teutona de noticias DPA –Deutsche Presse-Agentur, por sus siglas–,  en Perú se habló de inmediato de un «golpe de Estado» y algunos analistas recordaron el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, el funesto precedente para la medida anunciada por Castillo.

La comparación es pertinente: si bien la Carta Magna peruana contempla la posibilidad de que un presidente disuelva el Parlamento y llame a elecciones legislativas extraordinarias, ese extremo sólo puede ocurrir si la cámara le niega dos veces la confianza a un gabinete presidencial. Castillo no tenía ese argumento. Su intento de cerrar el Congreso era innegablemente ilegal.

También apunta Risco lo siguiente:

Parte de la tragedia personal de Pedro Castillo es que él mismo, en los apenas 17 meses que duró su presidencia, terminó por convencer a una gran mayoría de sus compatriotas de su manifiesta incapacidad para gobernar. Poco se sabe aún de sus cálculos y razonamientos para quebrantar la legalidad. Dados los funestos precedentes de Castillo, es verosímil suponer que la medida fue un manotazo de ahogado, un acto desesperado y absurdo para evitar ser destituido cuando los indicios de corrupción contra él se volvían cada vez más contundentes.

Parte de la tragicomedia política peruana, por otro lado, es que la declaración de la «vacancia de la presidencia por incapacidad moral», como se llama al mecanismo constitucional previsto para destituir al presidente, se había convertido antes en una farsa. Una paradoja, porque la actual moción de vacancia es la única cuyo resultado está realmente justificado.

Se trataba de la tercera moción presentada en el Congreso en menos de dos años para intentar sacar a Castillo de Palacio de Gobierno en Lima. Antes, en noviembre de 2020, uno de sus predecesores, Martín Vizcarra, había sido destituido por la misma vía. Y en los últimos cinco años, tres presidentes afrontaron «pedidos de vacancia», cada cual hilado con argumentos más peregrinos que el anterior.

La estrepitosa caída de Pedro Castillo, por eso, no debe alegrar a nadie en Perú. Tampoco a la radicalizada oposición ultraconservadora que pedía destituir al presidente de izquierda cuando este no había ni siquiera asumido el cargo en 2021.

La tragedia personal de Castillo es también la tragedia colectiva de un país que lleva años sumido en una grave crisis sistémica y en un proceso de descomposición política avanzado. Sin un Ejecutivo y un Congreso operantes, también sin partidos políticos dignos de ese nombre.

Es urgente, ahora, que el gobierno que asume la vicepresidenta, Dina Boluarte, convoque a nuevas elecciones cuanto antes. Y es perentorio, para salir de la crisis, que el próximo gobierno que salga de las urnas cuente con las mayorías y la voluntad necesarias para poner en marcha una reforma política que ya no puede esperar más.